¿Qué es la política fiscal y cuáles son sus objetivos?

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Analizar la política fiscal implica adentrarse en la gestión económica por parte de los Gobiernos. Se trata de un componente clave en el funcionamiento y la estabilidad de las economías modernas.

Nuestro propósito en este artículo es analizar la naturaleza de la política fiscal y sus fundamentos, proporcionando todo la información que necesitan para entender su impacto y su relevancia, tanto si lo haces por el placer de saber, como si eres estudiante de la asignatura de macroeconomía.

¿Qué es la política fiscal?

La política fiscal comprende el uso de los ingresos y los gastos del Estado que se usan para influir o participar en la economía. Su alcance es amplio, afectando a los grandes indicadores económicos, así como a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Esta herramienta política, en teoría, busca que en manos de sus responsables, permita estabilizar la economía y promover un desarrollo económico sostenido en el tiempo. No obstante, por desgracia hay muchos ejemplos en los que dicha intervención ha provocado el efecto contrario, normalmente cuando va acompañada de malas decisiones, de corrupción, o ambas.

Para comprender cómo funciona la política fiscal se necesita de un análisis de cómo se emplean los ingresos (principalmente impuestos) y los gastos (inversiones y programas sociales) de los que dispone el Gobierno.

A través de estos elementos del presupuesto se define la capacidad de un Estado y sus gobernantes para moldear la estructura económica de un país, algo que afecta a todo, desde la capacidad de inversión de las personas hasta las prestaciones sociales.

los impuestos como principales ingresos de la política fiscal

¿Qué hace la política fiscal?

Durante periodos de contracción económica, el Gobierno puede aumentar el gasto o disminuir los impuestos para estimular la demanda y la inversión. Dicha política fiscal expansiva busca revitalizar la economía mediante la inyección de fondos.

Por otro lado, en los momentos de un fuerte crecimiento económico, se puede adoptar una política fiscal algo restrictiva, disminuyendo el gasto público o incrementando los impuestos para prevenir el sobrecalentamiento económico, una medida que ayuda a controlar la inflación y contribuye a la estabilidad económica.

La llamada redistribución de la riqueza, que generalmente se lleva a cabo a través de los impuestos progresivos, donde aquellos con mayores ingresos pagan más, son una manera teórica de abordar las desigualdades sociales. El gasto en programas sociales mejora la calidad de vida y las oportunidades de los más vulnerables.

De hecho, la gestión de la deuda pública está directamente relacionado con la política fiscal. Los gobiernos se endeudan para financiar sus gastos, especialmente cuando los ingresos fiscales son insuficientes. La realidad es que mantener la deuda en unos niveles sostenibles es la tarea pendiente de la mayoría de Gobiernos en la actualidad.

Además, la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, que no son lo mismo, ya que esta última está gestionada por el banco central, deben estar coordinadas. Mientras la primera se enfoca en ingresos y gastos, la segunda regula aspectos como las tasas de interés y la oferta monetaria.

¿Quién decide como se gestionan y se administran los recursos del Estado?

El gobierno de un país, especialmente a través de su rama ejecutiva, juega un rol protagónico en la realización de la política fiscal. El presidente o primer ministro, según el sistema de Gobierno y el ministerio de finanzas o hacienda son los organismos y puestos de mayor implicación en la propuesta de políticas fiscales.

Entre las decisiones que se toman se incluyen determinar los niveles de impuestos, asignar gastos a distintos programas y gestionar la deuda pública. Sin embargo, por lo general estas propuestas no se convierten en políticas reales sin la intervención de la rama legislativa, como el parlamento o el congreso, que tiene la autoridad final para aprobar, modificar o rechazar estas propuestas fiscales.

No obstante, lo explicado anteriormente tiene que estar ‘cogido con pinzas’, ya que cada la legislación y el marco constitucional con respecto a la elaboración y aprobación de los presupuestos del Estado puede variar y de hecho varía, en gran medida de un país a otro, algo que aplica incluso para las instituciones económicas de la Unión Europea.

Además, los bancos centrales, aunque se centran más en la política monetaria, pueden influir indirectamente en la política fiscal. Sus decisiones sobre las tasas de interés suelen afectar el coste del endeudamiento del gobierno, influyendo así en sus decisiones fiscales.

Por otra parte, los organismos internacionales y los mercados financieros también tienen un impacto considerable, particularmente en economías más pequeñas o emergentes. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueden ofrecer asesoramiento y asistencia financiera, pero a menudo estas vienen con recomendaciones fiscales específicas.

Cómo se gestiona la política fiscal en España

¿Quién se encarga de la política fiscal en España?

La política fiscal en España, que incluye la recaudación de impuestos y la determinación del gasto público, es tarea del Gobierno central, que actualmente actúa a través de dos ministerios: el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El Ministerio de Hacienda se ocupa principalmente de gestionar los ingresos del Estado, lo que abarca la recaudación de impuestos y las otras fuentes de ingreso público. Este ministerio propone la creación de leyes tributarias y ejecuta la aplicación de políticas de recaudación fiscal.

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene la responsabilidad de supervisar la política económica del país. Trabaja en colaboración con el Ministerio de Hacienda para asegurar que las políticas fiscales respalden los objetivos económicos más amplios del país, como el fomento del crecimiento, la estabilidad de precios y la reducción del desempleo.

Cada año, el Gobierno de España presenta los Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados, un documento que detalla cómo se recaudarán los ingresos y en qué se gastarán. Dichos presupuestos reflejan las prioridades fiscales y económicas del gobierno en ejercicio. El Congreso, a través de un proceso de debate y posible enmienda, tiene la autoridad para aprobar, modificar o rechazar el presupuesto propuesto.

Al ser un país sujeto a la descentralización fiscal, las comunidades autónomas de España también tienen ciertas competencias en materia de recaudación de impuestos y gestión de gastos, una autonomía que permite que las distintas regiones ajusten su política fiscal a las situaciones locales específicas, siempre respetando el marco legal y fiscal nacional.

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