Acuerdo del Pacto de Toledo – Todo lo que has de saber

Seguro que has escuchado hablar del acuerdo del Pacto de Toledo, pero es muy probable que no sepas realmente en qué consiste. Por este motivo a lo largo de las próximas líneas vamos a hablarte de todo aquello que debes saber al respecto, de manera que puedas ver resueltas todas tus dudas.

Qué es el Pacto de Toledo

El denominado Pacto de Toledo es un acuerdo que tienen todos los partidos políticos y que tiene por objetivo la propuesta de medidas enfocadas a mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Este pacto  surgió a partir de una proposición no de ley que llevó a cabo la formación política catalana Convergència i Uniço (CiU) en el año 1994 y que acabó siendo aprobado por el Congreso de los Diputados de España el 6 de abril de 1995.

En ese documento se mostraban 15 recomendaciones enfocadas a la mejora del sistema público de pensiones. A razón de estas propuestas se produjo la creación de una Comisión encargada del seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso en el año 2000.

Desde entonces y cada cinco años, se publica un nuevo estudio que refleja la situación del estado del sistema público de pensiones en ese momento. Esto ha hecho que también haya habido nuevas recomendaciones, siendo estas en la actualidad de 21 recomendaciones en lugar de las 15 originales. Todos los partidos políticos tienen representación en la Comisión y el objetivo de este pacto es que se desarrolle de forma que se evite que las pensiones puedan ser objeto de un conflicto entre los diferentes partidos políticos.

Las medidas del Pacto de Toledo

En su documento, el Pacto de Toledo incluyo las siguientes 15 medidas:

1. Separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. De esta manera se busca que las prestaciones universales como el sistema sanitario sean financiadas de forma exclusiva a partir de los Presupuestos Generales del Estado.
2. Revalorización de las pensiones.
3. Constitución de reservas económicas. De esta manera se busca aminorar los efectos que los ciclos económicos puedan llegar a causar sobre el sistema público de pensiones.
4. Establecimiento gradual de los dos grandes regímenes de pensiones. Uno de ellos destinado a los trabajadores por cuenta propia (autónomos) y otro para los trabajadores por cuenta ajena.
5. Aumento de las bases de cotización (sueldos brutos). La base de cotización afecta a la cantidad que una persona recibe como pensión. Además, también afecta a las prestaciones por desempleo o aquellas bajas relacionadas con una baja médica.
6. Incentivación de la creación de empleo mediante las cotizaciones. De esta manera se trata de bonificar, a través de las políticas de empleo, las contribuciones de los colectivos que presentan mayores dificultades a la hora de encontrar trabajo.
7.  Promover que los ciudadanos se encuentren informados de la manera apropiada acerca de las pensiones que podrán recibir en el futuro.
   
8. Mejora en la coordinación  y eficacia del sistema público de pensiones. Esto afecta a diferentes aspectos relacionados con la recaudación de cotizaciones, pago de prestaciones o la afiliación a la Seguridad Social.
9. Lucha contra el fraude y la economía sumergida. 
10. Equidad del sistema. Se trabaja para que los pensionistas puedan recibir una cuantía de dinero que sea proporcional a lo que han cotizado durante su vida laboral.
11. Edad de jubilación. Consiste en adaptar la edad de jubilación  a la esperanza de vida de los ciudadanos actuales en España. En la actualidad se encuentra situada en 67 años.
12. Mejora de las pensiones. Se trata de buscar la mejora progresiva de las pensiones de viudedad y orfandad.
13. Ajustes en las pensiones. Ajustar la cuantía de las pensiones de forma que aquellas que sean superiores contribuyan a garantizar las más bajas.
14. Incentivo del uso de sistemas complementarios. Incentivar el empleo de sistemas complementarios de ahorro de pensión.
15. Análisis y seguimiento de la evolución del sistema. El Parlamento debe vigilar que se apliquen las medidas del Pacto de Toledo.

Evolución del Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo supuso la creación de cuatro leyes, en 1997, 2003, en 2007 y en 2011. En la primera se recogieron más de la mitad de las 15 medidas que estaban presentes en el documento original. Entre ellas se encontraba la separación financiera de la Seguridad Social, la mejora de las pensiones por viudedad u orfandad o la revalorización de las pensiones (esta fue relacionada con el IPC).

Por su parte, la ley del año 2003 se encargó de regular el funcionamiento del Fondo de Reserva de las pensiones, que se había establecido tres años atrás. En 2007 se modificaron varias disposiciones que guardaban relación con la incapacidad permanente y temporal, las pensiones de viudedad y la jubilación.

Entre las decisiones adoptadas se encontraba el incrementó el plazo máximo de la incapacidad laboral hasta los dos años. También se estableció que los días que correspondían a pagas extras no cotizaban y se equiparó a los matrimonios con las parejas de hecho al solicitar una pensión de viudedad.  Por último, en 2011 se retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años.

En el año 2016 se volvió a reunir el Pacto de Toledo para, tras una ronda de una treintena de comparecencias, renovar y establecer 21 recomendaciones sobre el sistema público de pensiones. Además se introdujeron dos nuevas, una destinada a la economía digital y la robotización del empleo y otra centrada en la juventud.

El futuro del Pacto de Toledo

Dado el déficit actual de la Seguridad Social el futuro es incierto, sin estar claro que ocurrirá a partir de 2020 con el Pacto de Toledo. Para solucionar el problema financiero de la Seguridad Social es necesario que se lleve a cabo alguna soluciones propuestas.

Algunas de ellas son la apostar por la mejora del para que se incremente el número de cotizantes, que se poceda a eliminar el techo máximo de cotizaciones, que se financie el déficit desde los Presupuestos Generales del Estado sin cambio fiscal o que se establezca un impuesto específico para financiar parte o totalmente las pensiones.